La jubilación ¿derecho individual o colectivo? Apuntes para el debate
es un texto de Nekane Jurado, miembro de la RED VASCA ROJA, fechado el 27 de junio de 2003 y presentado en nombre de ELKARTZEN en el I Foro Social de Euskal Herria.

3. PUNTOS ABIERTOS PARA UN DEBATE

Esta ponencia solo trata de perfilar algunos de los ejes que consideramos prioritarios en este debate. En ella no se profundiza en su teorización, por ser un esquema de debate. La profundización teórica necesaria es un trabajo en curso de la autora, que en breve tiempo proyecta sacarlo como elemento de trabajo de los grupos sociales.

Hay un dato, en todo caso, que nadie puede discutir: con la información actualmente disponible cabe esperar un futuro incremento del gasto en pensiones como resultado, por un lado, del aumento de la esperanza de vida de la población y, por otro, de la particular configuración demográfica de Euskalherria. La cuantía de dicho aumento del gasto, sin embargo, está sujeta a incertidumbre. La pregunta inmediata que cabe plantearse resulta evidente: ¿será nuestra futura tasa de crecimiento económico suficiente para financiar dicho aumento? La respuesta que se está difundiendo, impulsada por los defensores de la capitalización obligatoria, es que dicha tasa será insuficiente debido a la falta de mano de obra inducida por el envejecimiento de la población. Aún aceptemos este escenario que proponen, aunque ello no significa que tenga necesariamente que ser el correcto. Nos encontramos entonces ante al dilema de elegir entre: a) mantener el gasto en pensiones y aumentar las aportaciones de la población ocupada, de los empresarios, o por medio de una reforma fiscal; b) mantener las aportaciones actuales y disminuir las pensiones, y c) alguna combinación de las dos anteriores. Esta elección, evidentemente, no compete a los economistas, sino al conjunto de la sociedad, que debe expresar sus preferencias a través de verdaderos canales democráticos de los que todavía no se ha dotado la sociedad civil.

Algunos profesionales de la economía, y lo que es más grave el gabinete del Consejero Azkárraga, ya han hecho por su cuenta la elección que nos corresponde a los ciudadanos y tratan de presentarla como la única posible o, para ser más exactos, como la mejor para garantizar pensiones elevadas sin aumentar las aportaciones de los futuros trabajadores cotizantes. Tal elección consiste en obligar a la población a detraer una parte de su renta del periodo para invertirla en un fondo de pensiones privado. En este análisis olvidan decirnos que la rentabilidad de los sistemas de capitalización también depende en el largo plazo de la tasa de crecimiento económico. Si dicha tasa es insuficiente para garantizar el futuro del sistema público de pensiones, también lo será para ofrecer la rentabilidad financiera que se precisa en el privado. Un sistema de pensiones, sea de reparto o de capitalización, es un mecanismo para transferir la renta del periodo desde las clases activas a las clases pasivas. El problema, por tanto, reside en si disponemos o no de la renta suficiente para ser transferida.

Por otra parte no hay garantía alguna de que las inversiones exteriores a las que se acaba dirigiendo (así se ha hecho hasta ahora) el ahorro depositado en Planes y Fondos de Pensiones contribuyan realmente a generar el crecimiento económico global que necesitamos, nosotros y el resto de países desarrollados que, no lo olvidemos, se enfrentan al mismo problema. Por esto, resulta difícil rechazar la hipótesis de que tal solución no está pensada en realidad para garantizar el futuro de nuestras pensiones, sino para mantener de manera artificial la rentabilidad de los fondos de pensiones existentes, en un momento en el que los grandes inversores internacionales han hundido, por su avaricia, las economías de los países emergentes.

En definitiva, eL Sr. Azkárraga y los defensores de la capitalización obligatoria nos proponen un intercambio en los siguientes términos: renunciemos a pensar en el derecho colectivo de unos recursos dignos para la jubilación, financiado por un sistema público, en beneficio del sistema financiero privado y, a cambio, recibiremos unas inciertas rentabilidades futuras sobre las que no tenemos ningún tipo de control (Azkárraga nos afirma que los sindicatos si tendrán "cotrol"). En el intercambio también perderíamos la cobertura actual que tienen los pensionistas contra lo que se conoce, en la jerga de la profesión, como 'riesgo de la inflación' y 'riesgo de longevidad', esto es, la garantía de que las pensiones se actualizan para mantener el poder adquisitivo y la garantía de que dicho poder se extiende hasta el final de la vida. Nada que ganar, todo que perder, mala apuesta.

1º    Es un error presentar el problema como un conflicto entre generaciones, cuando es un claro problema de reparto de la riqueza generada: con un crecimiento económico superior a cero, y con una población casi análoga, tenemos una tarta mayor para repartir entre el mismo número de personas ¿Cuál es problema? ¿De mayor individualización, con una menor solidaridad, el de ruptura del pacto social que hizo posible el desarrollo del sistema de pensiones?

1-a    Según todas las proyecciones económicas la riqueza generada (PIB) no se va a mantener (crecimiento cero) sino que va a aumentar. Entre las hipótesis más moderadas está la de un crecimiento anual medio de entre un 1,5-1,75%, con este aumento anual en 40 años el PIB se ha doblado, es decir la tarta de la riqueza a repartir ha duplicado su tamaño.

1-b    Admitiendo la permanencia de "la crisis demográfica" (que no tiene porque ser así) el número de personas a repartir, sean mayores de 65 años, menores de 16 años, o población "inactiva" tomada en su conjunto se va a mantener bastante uniforme. O sea tendríamos el doble de riqueza para el mismo nivel de población actual, lo que implica automáticamente que la renta media per capita sería el doble. Esto indica que estamos no frente a un problema de financiación de pensiones, sino frente a un problema más grave de ruptura del actual sistema consensuado de reparto de riqueza, que quiere romperse a favor de una élite, rompiendo el consenso generacional que desde 1945 ha prevalecido en Europa.

2    Otro de los ejes del debate se ha hecho girar en la relación activos/pasivos, así el famoso "baby boom" va a conllevar un progresivo aumento del número de pensiones y por tanto un empeoramiento de la relación existente entre el número da activos cotizantes y el número de pasivos perceptores de pensión. Y girando en este eje se dice que el esfuerzo de solidaridad que se les va a pedir a los activos va a ser superior a sus medios.

Pero la realidad va más allá de este ratio. La solidaridad de los que trabajan no se da solamente porque sus cotizaciones sirvan para pagar a l@s pensionistas, sino también a l@s desempleadas, a l@s niñas y jóvenes en una palabra a todas los que sin haber llegado a la edad de jubilación no están realizando una actividad económica remunerada. Por tanto el ratio concreto de análisis no es activos / pasivos pensionistas, sino activos/ población "no activa" total.

Ante un aumento de la tasa de actividad que en Euskalherria está muy por debajo de la media de la UE, o ante una disminución de la natalidad, hecho que ya ha sucedido realmente, ante una disminución del desempleo, el ratio activos/ población "no activa" total aumentaría y sería análogo o incluso más favorable que el que soportaron l@s actuales pensionistas padres-madres de la generación baby-boom.

Tampoco se plantean en estos análisis desfavorables de los expertos que al hablar de activos se hace solamente referencia a activos cotizantes, cuando la realidad económica se enraíza en un nivel de economía sumergida nada despreciable. Solamente con una voluntad política firme podría aflorar la mayor parte de esta economía sumergida y l@s que hoy está contabilizad@s falsamente como inactiv@s pasarían a ser activas cotizantes, con una clara inversión del ratio que se debate.

Por último señalar que estos estudios están cerrados a la inmigración que no es considerada. Pero si realmente tenemos crisis demográfica y el problema va a ser la falta de activos ¿no es un suicidio socioeconómico la actual política de inmigración?

3    Unido a esta disminución de la presión demográfica de los grupos de edad más jóvenes (que están descendiendo considerablemente) puede existir un menor coste en áreas como educación, vivienda, el coste del desempleo juvenil u otras que afectan a estos grupos de edad que van a ir perdiendo peso, pudiéndose canalizar hacia las pensiones. Es decir estaríamos ante una reordenación del gasto presupuestario.

4   Cuando se habla de crisis en la seguridad social por falta de "equilibrio entre cotizaciones y prestaciones" se suele hacer siempre referencia al Sistema General de la Seguridad Social. Y muy interesadamente se olvidan los grandes grupos que casi sin cotización cobraran pensiones millonarias del presupuesto público.

Así el Sr. Azkárraga, mientras habla de inviabilidad del sistema y de las "insuficientes cotizaciones de l@s trabajador@s no dice que él además de la cesantía que cobrará por sus servicios prestados, va a cobrar una pensión vitalicia, traspasable a su viuda en la misma cuantía, del 50% del importe bruto asignado a un Consejero del Gobierno Vasco en activo (en estos momentos esta pensión supera los 7 millones de Pts. anuales). Solo lo citamos por ser el actual consejero de Trabajo e impulsor del "segundo pilar" como lo definen o lo que es lo mismo de la capitalización individual, pero esta misma pensión, acordada por Ley de Gobierno en 1981, la cobrarán tod@s l@s, lehendakaris, consejer@s, Viceconsejer@s y asimiladas, (con carácter retroactivo a los que tuvieron esos cargos desde el Gobierno de Aguirre), con solo dos años de permanencia en el cargo. ¿Cuántos pasivos han generado ya los Gobiernos autonómicos y central?

Los senadores y parlamentarios (centrales y autonómicos), también trabajan duramente por el pueblo, y por ello con una sola legislatura, cuatro años de cotización, (que ahora quieren bajar a 2 años para no ser menos) también adquieren derechos a la pensión máxima vitalicia de la seguridad Social.

Pero no es solamente la clase política en todas las instituciones la que crea déficit, por desequilibrio entre cotizaciones y prestaciones, está el sistema de "Clases Pasivas" del estado que nunca ha sido objeto de discusión. Este sistema que genéricamente se conoce como el sistema de pensiones de los funcionarios es altamente deficitario entre los cuerpos de defensa y seguridad del Estado. Con muy pocos años de servicios estos cuerpos se garantizan las pensiones máximas, que cobran no solamente cuando cumplen los 65 años, sino cuando incluso con menos de 40 años de edad han pasado a la llamada "reserva activa" (4) cobrando "pensiones" equivalentes al 95% de su sueldo en activo y que son totalmente compatibles con cualquier otro trabajo remunerado fuera de la Administración.

5    El Régimen General de la Seguridad Social nunca ha tenido déficit, muy por el contrario han sido l@s trabajador@s con su aportación al sistema de SS las que han financiado las políticas de desmantelamiento industrial, reconversiones y jubilaciones anticipadas del PSOE.

Es innegable que durante los últimos veinte años ha tenido lugar un crecimiento muy importante del número de pensiones de la Seguridad Social. Se puede afirmar que se ha producido en los años noventa la maduración institucional del sistema público de pensiones en la medida en que, por ejemplo, en 1980 la relación activos-pensionistas era de 2.5 afiliados a la Seguridad Social y en el año 2000 era de 1.7 (5). Prácticamente se ha duplicado el número de pensiones contributivas en veinte años, si bien el período de fuerte crecimiento será la década de los años ochenta al coincidir los siguientes factores:

Aceleración del propio proceso de envejecimiento de la población (en 1980 la población de 65 y más años era el 11% de la población, en el año 2000 era ya el 16,8%);

Los ajustes de de cientos de miles de trabajadores en la industria; donde los planes de regulación y el coste que esto ocasionaba no se financian con los Presupuestos Generales sino con los propios fondos de la SS, siendo solamente el total de la clase trabajadora la que ha pagado la que pago "la reestructuración y las medidas para la competitividad de las empresas".

La jubilación anticipada de cientos de miles de agricultores; aquí cabe señalar la política clientelista del PSOE muy extendida en ciertas CCAA, realizada exclusivamente con fondos de la propia SS.

La incorporación de colectivos que estaban fuera de la Seguridad Social (Telefónica, ONCE). Conviene señalar que estos colectivos tenían un Fondo de Pensiones Privado de Empresa (similar, con las diferencias en el tiempo y legislación, al que propone Azkárraga) y que dicho Fondo de Pensiones "quebró" o "se volatilizó" sin investigación y sin responsabilidades y la solución fue la inclusión de tod@s ellos en la SS, computando el tiempo cotizado al Fondo de Pensiones, cuyo dinero ni se transfirió a la SS, ni lo recuperaron l@s trabajador@s.

El incremento de las jubilaciones anticipadas antes de los 65 años (entre el 65 y el 70% de los pensionistas de Régimen General de la Seguridad Social están jubilados antes de los 65 años, y en torno al 40% a la edad de 60 años), como resultado de los planes de reconversión centrados en jubilaciones anticipadas, pagadas una vez más solo por la SS sin aportación alguna de los Presupuestos Generales.

Todos estos factores, y no solamente el demográfico, explican que el crecimiento medio interanual del número de pensiones durante la década de los ochenta fuera del 4%. En la década de los noventa este proceso se moderó hasta un crecimiento que es justo la mitad del anterior, es decir, en torno al 2%. En este sentido, todo parece indicar que hemos entrado en un período de relativa estabilidad en el crecimiento del número de pensiones que durará hasta principios de la próxima década, cuando vuelva a incidir de manera intensa el factor demográfico con la jubilación de los grupos de población nacidos a partir de la década de los años cincuenta del pasado siglo. Y es que no podemos olvidar que el proceso de maduración de la Seguridad Social y del sistema de pensiones en el estado español tiene lugar durante la década de los años ochenta. El final de la dictadura franquista, la crisis económica y la aceleración del envejecimiento de la población son, por tanto, los factores explicativos de este extenso e intenso crecimiento del número de pensiones. Y que no es proyectable en las mismas condiciones. Por tanto los modelos de proyección actuales, en base a esta situación anterior, elaborados por los expertos, adolecen de graves fallos metodológicos.

6    En cuanto a las pensiones no contributivas se puede afirmar que la Ley 26/1990 de Pensiones No Contributivas supuso una ordenación y racionalización de los sistemas previos (FAS, LISMI) que son condenados a su extinción. El Nuevo sistema protege en la actualidad a una población de unas 700.000 personas de las que el 40% son por razón de vejez. Su cuantía se sitúa en torno al 45% del salario mínimo (en Euskalherria son complementadas hasta alcanzar el importe de la Renta Básica 85% del SMI).

Estas pensiones que remarcamos no son contributivas tratan de cumplir una función de integración social (en su filosofía que no en su cuantía) y de lucha contra la pobreza. Por tanto la financiación tendría que venir desde los Presupuestos Generales, como aportación de todas las rentas, pero no se ha realizado así desde su creación en 1990 y hasta el año 2000 se han financiado de forma confusa, siendo la mayor parte realizada con el presupuesto de la SS, o sea solo los trabajadores han contribuido a este pago de solidaridad. A partir del año 2000, la financiación se hace con cargo a impuestos generales.

7    Existen factores latentes en el Pacto de Toledo y en su desarrollo -acuerdos no concretados, y que Aznar se ha comprometido con algunos en esta legislatura- que pretenden forzar el cambio hacia el "sistema mixto", y que tienen que ver con la política de déficit cero del Gobierno, o dicho de otra forma "política de descompromiso con el gasto social". Estas decisiones van a profundizar en el deterioro del sistema público de pensiones y orientar las actitudes de los ciudadanos hacia opciones de privatización como, por ejemplo:

a) La mayor contributividad acordada supone a medio plazo una reducción de la pensión media y, por tanto, de la intensidad protectora de las pensiones.

b) El deterioro de la base financiera de la Seguridad Social, ya que el Estado está reduciendo su financiación, así las prestaciones asistenciales por desempleo y las políticas activas se financian con cotizaciones sociales y no con impuestos generales.

c) el plazo de 12 años (a contar desde 1997) para que los complementos de mínimos sean financiados por el Estado es un plazo muy largo que perjudicará financieramente a la Seguridad Social (es la propia SS la que financia al Estado contribuyendo a la reducción del déficit del Estado).

Al mismo tiempo, los acuerdos de 2001 que no han sido debatidos por la sociedad, son firmes (en ellos se inscribe el Plan Azkárraga) y se orientan inevitablemente hacia un sistema de tipo mixto como son la reducción de las cotizaciones empresariales a partir del 2002 y el estudio para ampliar el período de computo de base reguladora de la pensión a toda la vida laboral a partir del año 2003 (recuérdese que el computo ha pasado de 2 a 8 años en 1985 y de 8 años a 15 en 1997).

8    El gasto de pensiones en el estado español y en Euskalherria es de los más bajos de Europa, escasamente situado en el 10% del PIB.

(5) Ya hemos comentado de que este ratio tiene puntos críticos, y debe ser analizado con relatividad.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN